La situación de la dependencia

Por EQUIPO AICTS / 7 de marzo de 2020


Un año más, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales han publicado su informe anual sobre la situación de la dependencia en España. El escenario que perfila esta asociación no es positivo, muestra una ralentización y aumentando la lista de espera, con casi 270.000 personas desatendidas. Igualmente, se indica la insuficiencia de las prestaciones para atender a la dependencia, cuantías que son escasas y que tienen una incidencia en lo que implica familiarmente. Otro aspecto importante es la desigualdad territorial entre las Comunidades Autónomas con algunas en las que los tiempos de espera desde la solicitud hasta la resolución son bastante menores a otras, etc. En la valoración que realiza esta asociación, Castilla y León y Castilla - La Mancha serían las dos comunidades mejor situadas, mientras que Asturias, Cataluña y Canarias se encontrarían en los peores puestos.

Por lo tanto, según este informe, la atención a la dependencia se encontraría en un punto complicado tras unos años de recuperación después de los recortes a la Ley de Dependencia sufridos por la crisis sistémica de 2008, especialmente el caso de las cotizaciones de cuidadores y cuidadoras. La historia de la atención a la dependencia en España tuvo en esa ley, aprobada en 2006, un punto de inflexión determinante. Los cuidados a personas en situación de dependencia habían recaído, en gran medida, en el apoyo familiar, mayoritariamente en mujeres, que sacrificaban sus proyectos de vida para atencer a esas personas. Era una de las situaciones deficitarias de la evolución del Estado de Bienestar en España, que había conseguido un gran avance en el ámbito de la Educación y la Sanidad, pero no así en los Servicios Sociales. El carácter familista del modelo, similar a los que se dan en el sur de Europa, no ayudaba a ese escenario ya que buena parte de esos servicios caían en manos de las redes familiares. Este carácter familista se observa en cuestiones como el cuidado de los nietos y nietas o en el determinante papel de la familia en situaciones como las derivadas de la crisis que comenzó en 2008. La dependencia no era una excepción, al contrario, era un indicador central.

Sin embargo, la Ley de Dependencia puso en valor este escenario, tratando de mejorar la atención a este colectivo y todo lo que le rodea, especialmente en relación a la cuestión de los familiares. La crisis de 2008 y los recortes presupuestarios en las políticas públicas tuvieron un efecto negativo en todo el proceso, además del impacto sobre el nivel de vida de las familias con el aumento del desempleo y la precarización del empleo. Sin embargo, los mismos indicadores del informe de la asociación muestran cómo ha aumentado el gasto en dependencia, alcanzando en 2019 casi los 9.000 millones de euros, la mayor parte correspondiente a las Comunidades Autónomas, aunque también ha crecido el gasto de los usuarios y las familias. En ese mismo informe, se constata igualmente un descenso del gasto público por dependiente que pasaría en más de 7.200 euros en 2009 a casi 6.500 en 2019. Es decir, en torno a un descenso de 700 euros. 

La atención a la dependencia, un colectivo muy heterogéneo pero en una especial situación de vulnerabilidad, es uno de los grandes retos de nuestros servicios públicos. La evaluación, las partidas destinadas, las listas de espera, la situación de las familias, etc., son escenarios que determinan todo el proceso. Las desigualdades entre Comunidades Autónomas responden también al valor otorgado por las diferentes administraciones a las distintas políticas, aunque estas diferencias se han producido desde el comienzo de la aplicación de la ley. Hay que profundizar en la atención a la dependencia y mejorar las debilidades de un sistema que ha avanzado en las dos últimas décadas, en el que se han conseguido ciertos logros en contextos complejos, pero que todavía tiene que mejorar, como todo. 







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